Finalmente, este martes el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa y exsecretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz, fueron condenados a una pena de prisión en suspenso luego de que la jueza Marina Martín homologara el acuerdo con la Fiscalía en un juicio abreviado. Así, el matrimonio evitó la cárcel pese a haber encabezado una organización que se robó el equivalente a 200.000 dólares de la comuna.
De esta manera, Orozco y Ortiz recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa “cooperativa fantasma”, por un delito (peculado) que prevé hasta 10 años de cárcel efectiva.
Para Ortiz, el acuerdo también le permite zafar en la causa por amenazas coactivas, en la que también estaba imputada por coaccionar a una empleada municipal para que se acueste con un funcionario municipal y lo grabe, con la amenaza de echarla si no lo hacía.
Entre 2021 y 2023, Orozco, Ortiz y otros 5 imputados (funcionarios municipales y particulares) intervinieron en el direccionamiento de licitaciones y contrataciones para pagar servicios de limpieza que no se prestaron. Entre dos licitaciones y dos contrataciones directas, desviaron cerca de 36 millones de pesos, que en su momento equivalían a 200.000 dólares.
Los otros imputados, que aún no pidieron un juicio abreviado y que arriesgan penas de prisión por “peculado”, son el ex subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart; su yerno Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; el contador Germán Herrera; y el changarín Adrián “Moco” Pérez, un analfabeto que Pandolfi y Mostaccio registraron como presidente de la cooperativa fantasma.
Desde el retorno de la democracia, con Orozco son 4 los intendentes mendocinos condenados por hechos de corrupción: dos peronistas y dos radicales. El dato anecdótico es que los dos radicales finalmente lograron evitar la cárcel, y los dos peronistas recibieron penas de prisión efectiva.
El otro radical, además de Orozco, que fue condenado sin prisión efectiva fue Jorge Ruiz, intendente de General Alvear entre 1995 y 1999. Cuando buscaba su reelección, se conoció una cámara oculta que lo mostraba contando dinero de una coima para direccionar el otorgamiento de viviendas a un sindicato. Terminó renunciando y, posteriormente, la Justicia lo condenó y le impuso inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Sergio Salgado, exintendente peronista de Santa Rosa, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, pena que luego fue unificada en un total de 6 años de prisión al sumarse otra causa por amenazas. Entre los hechos probados estuvo el manejo irregular de la recaudación del estacionamiento de la feria La Salada. En noviembre de 2025 obtuvo la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena.
El otro antecedente es Luis Lobos, exintendente de Guaymallén que continúa preso –al igual que el caso Orozco, la causa judicial contra Lobos se activó tras una investigación de Mendoza Post-.
En 2019, Lobos recibió una primera condena de cuatro años y medio de prisión por la causa conocida como la “mucama ñoqui”. En diciembre de 2022, tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado, fue condenado por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. La Justicia unificó las penas en ocho años de prisión. También fue condenada su esposa, Claudia Sgró, quien obtuvo recientemente la libertad condicional